por Jorge Daniel Ivars

En las últimas décadas, los complejos agroindustriales olivícolas y hortícolas de Mendoza y San Juan han atravesado transformaciones profundas que no solo afectan los modos de producción, sino también las formas de gobierno, los saberes valorados y las relaciones de poder al interior de las explotaciones.

En esta entrada, quiero compartir las últimas líneas de mi investigación: lo que denomino «nuevas regulaciones a distancia» . Se trata de mecanismos de control que desplazan la toma de decisiones desde el productor local hacia agentes externos, técnicos y burócratas, en el marco del Tercer Régimen Alimentario Internacional o Régimen Corporativo.

La externalización simbólica del saber

El proceso de externalización descripto por Jan van der Ploeg —la creciente dependencia de flujos materiales externos a la explotación— tiene también una dimensión simbólica que he intentado visibilizar en mi trabajo. No solo ingresan insumos, maquinaria y paquetes tecnológicos; también conocimientos, criterios de legitimidad y formas de hacer dejan de definirse en el terreno para ser prescriptos desde lugares distantes.

En mis investigaciones, distingo tres mecanismos convergentes de este proceso:

En primer lugar, la figura del ingeniero agrónomo, que opera como un agente clave del saber técnico, aunque con matices según el tipo de explotación y la relación que establece con los productores. En pequeñas explotaciones, suele desempeñarse como un asesor informal y de consulta rápida, a menudo vinculado a la venta de insumos, donde su conocimiento es valorado como un recurso accesible y cercano. En medianas y grandes empresas, en cambio, su rol tiende a formalizarse y adquirir un carácter más prescriptivo, interviniendo en la definición de dosis de aplicación, manejos de riego, calendarios de poda y cosecha, y sistemas de trazabilidad. Lejos de tratarse de una relación unilateral, este vínculo se construye en la tensión entre el saber técnico-universitario y los saberes prácticos y situados de quienes trabajan la tierra. Muchos encargados y trabajadores rurales reconocen la utilidad del asesoramiento profesional, aunque también expresan críticas cuando el conocimiento teórico parece ignorar las singularidades de cada finca o los ritmos de la cosecha. «El que está en la finca sabe mucho más que un ingeniero», me dijo un encargado en San Juan, sin por ello negar la importancia del ingeniero, sino reclamando un diálogo más horizontal que reconozca los saberes locales que también sostienen la producción.

En segundo lugar, las normativas y certificaciones internacionales (ISO, GlobalGAP, HACCP, BPA). A lo largo de mi trabajo de campo, he constatado que estos instrumentos, lejos de ser técnicamente neutrales, operan como mecanismos de control que disciplinan prácticas productivas y reconfiguran relaciones entre actores locales y globales. Su implementación implica costos económicos significativos —especialmente onerosos para pequeños productores— y, como me han relatado una y otra vez, no garantiza mejores precios: «es una exigencia que te permite vender, pero no te lo reconocen en el precio».

En tercer lugar, el tema de la trazabilidad como dispositivo de vigilancia y disciplinamiento. Más allá de su función técnica de rastreo documental, la trazabilidad organiza no solo los procesos productivos, sino también las relaciones laborales y las identidades locales. Cada aplicación de agroquímicos, cada riego, cada cosecha debe registrarse bajo el aval del ingeniero agrónomo. Como sostiene Beatrice Hibou, se trata de una nueva «jaula de hierro» neoliberal.

Una estructura social polarizada

El trabajo de campo —con más de 80 entrevistas a productores, industriales, ingenieros y encargados— me ha permitido evidenciar una creciente polarización de la estructura social del complejo. Por un lado, persisten pequeños y medianos productores asentados en zonas tradicionales (Maipú, San Martín, Rivadavia en Mendoza; Pocito, Rawson, Rivadavia en San Juan), que mantienen marcos de plantación extensivos, diversidad varietal y labores predominantemente manuales. Su contribución no es tanto volumétrica como cualitativa: aportan diversidad ecológica y organoléptica, conservando variedades tradicionales que enriquecen aceites y conservas.

Por otro lado, emergen grandes empresas olivícolas (integradas verticalmente o no) localizadas en zonas nuevas y distales de los oasis (Lavalle y San Rafael en Mendoza; Sarmiento, 25 de Mayo, Ullum en San Juan). Allí predominan marcos de plantación intensivos y superintensivos (400 a 2000 plantas por hectárea), monovariedad (especialmente Arbequina y Arbosana), riego presurizado y cosecha mecanizada. Estas empresas marcan los estándares globales y traccionan al resto de la cadena.

Tensiones y resistencias

A pesar de la fuerza homogenizadora de este modelo, he registrado múltiples resistencias. Algunos productores siguen usando prensas hidráulicas —tecnología del siglo XX— para elaborar aceites «fuertes» que aún reclama una demanda nostálgica. Otros optan por certificaciones orgánicas no por moda, sino como continuidad de prácticas familiares centenarias. Y muchos pequeños productores, sin registros ni habilitaciones formales, siguen llevando sus aceitunas en bicicleta o camioneta a la fábrica del barrio, sosteniendo una trama de relaciones interpersonales que la gran industria no logra capturar.

Conclusión

Para mí, estas «nuevas regulaciones a distancia» configuran una forma de gobierno privada, compleja y burocrática que redefine no solo qué se produce y cómo, sino también quién tiene autoridad para decidirlo.

El fenómeno se inscribe en un contexto más amplio de difuminación de la dominación estatal y de pérdida de autonomía cognitiva de las explotaciones en favor de agentes externos al proceso productivo. Una lección central de mi investigación es que la cuestión agraria contemporánea no puede entenderse sin atender a estas formas sutiles de poder que operan a través de normas, certificaciones y saberes expertos.

---