por María Belén Arias Valle
En los últimos años, el sistema universitario argentino y latinoamericano ha atravesado un proceso de institucionalización de la sostenibilidad que no se explica únicamente por convicción ética, sino, sobre todo, por la presión creciente que ejercen los organismos internacionales, los sistemas de rankings de impacto y las propias comunidades académicas que exigen coherencia entre lo que la universidad enseña y lo que la universidad hace.
por Jorge Daniel Ivars
En las últimas décadas, los complejos agroindustriales olivícolas y hortícolas de Mendoza y San Juan han atravesado transformaciones profundas que no solo afectan los modos de producción, sino también las formas de gobierno, los saberes valorados y las relaciones de poder al interior de las explotaciones.
En esta entrada, quiero compartir las últimas líneas de mi investigación: lo que denomino «nuevas regulaciones a distancia» . Se trata de mecanismos de control que desplazan la toma de decisiones desde el productor local hacia agentes externos, técnicos y burócratas, en el marco del Tercer Régimen Alimentario Internacional o Régimen Corporativo.
La evaluación de los programas sociales suele percibirse como una tarea técnica, reservada a especialistas. Sin embargo, en los últimos años ha ganado fuerza una idea distinta: que quienes participan de un programa (vecinas y vecinos, organizaciones comunitarias, equipos técnicos) también pueden y deben tener un papel protagónico al momento de analizar qué funciona, qué no y por qué.
Sobre esa convicción trabaja el nuevo Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), titulado “Construcción colaborativa de herramientas para la evaluación participativa de programas sociales en organizaciones de Latinoamérica”.
En América Latina, la evaluación de programas y proyectos de desarrollo ha recorrido un largo camino. En la última década, ese camino se ha orientado cada vez más hacia la participación: involucrar a quienes implementan, a quienes se benefician, a quienes conocen de primera mano la realidad de una intervención social.
Esta tendencia ha generado un acervo práctico valioso, pero también una pregunta que no puede postergarse: ¿cómo nos aseguramos de que esas evaluaciones no solo sean participativas, sino también metodológicamente rigurosas?
PETAS 